El Ateneo de Málaga acogerá el martes 26 de mayo a las 19 h en el Salón de Actos del Ateneo la mesa redonda “Valorar los intereses en juego” para la desclasificación de documentos sobre el intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981.
La Orden PJC/125/2026, de 24 de febrero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de febrero de 2026, por el que se desclasifica documentación relativa al intento de golpe de Estado de 23 de febrero de 1981. BOE nº 50 de 25 de febrero de 2026.
El 23F es un día incorporado a la memoria colectiva y un acontecimiento analizado por los historiadores, pero ¿cómo pueden ser conocidos los hechos históricos?, ¿cómo ha de ser abordado el análisis riguroso de lo acontecido?. Documentos, se necesitan documentos para el estudio y la indagación ha de estar basado en fuentes primarias de información.
El Acuerdo del Consejo de Ministros del 24 de febrero ha generado expectación y debate, y ha sido el motivo de nuevas dudas e interrogantes. Los medios de comunicación han informado sobre la desclasificación de unos documentos, pero lo que subyace es que si se desclasifica es porque ha existido una clasificación previa relativa al carácter secreto o reservado de los documentos. Por lo tanto, se plantean cuestiones sobre quien decide, cuándo, cómo, con qué criterios. Y sobre ello poco o nada se ha tratado.
Han sido desclasificados 153 unidades documentales que no “archivos” como más de una noticia refiere. Estos documentos son accesibles, pero no en su totalidad pues la desclasificación sigue manteniendo determinada ocultación de información mediante el sistema del tachado y la disociación de datos.
Historiadores, políticos y analistas han mostrado sus opiniones sobre si son todos los documentos, sobre si hay más documentos, sobre cuáles han sido los criterios de desclasificación; hay quienes exponen que toda la información ya era sabida, otros que los documentos aportan novedades. El debate está abierto. También para los archiveros cuestionan esta desclasificación por olvidar los archivos, por desconocer qué documentos realmente existen, para la ciudadanía que ha de estar comprometida con el derecho de acceso a los documentos y a la información pública.
Todos estos acontecimientos y análisis han destapado, de nuevo, el correoso asunto de la Ley de Secretos Oficiales de 1968, aún vigente.
Presenta: Juan José Hinojosa Torralvo, catedrático de Derecho UMA
Intervinientes: Esther Cruces Blanco, archivera e historiadora, Carmen Rosa García Ruíz, vocal de Educación del Ateneo, Ángel Rodríguez Vergara, catedrático de Derecho UMA.
Entrada libre hasta completar aforo.
